Un informe de Hacienda señala que el ministerio de Irene Montero es el que menos evalúa su gestión

Un informe del Ministerio de Hacienda señala que el de Igualdad es el que menos recursos destina a evaluar la eficacia de sus propias políticas públicas. Empatado con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, el departamento que lidera Irene Montero es el que menos grupos de trabajo tiene en su estructura con funciones de evaluación. Así lo determina el Estudio de diagnóstico de la evaluación en la Administración General del Estado publicado por el Instituto para la Evaluación de las Políticas Públicas, organismo oficial del Gobierno de España.

La cartera de Irene Montero se ha caracterizado por el fiasco de la ley conocida como del sólo sí es sí. Ya se contabilizan 90 delincuentes sexuales condenados que se han visto beneficiados por esta normativa. A pesar de ello, la alto cargo de Igualdad responsable de la misma, Victoria Rosell, se ha enrocado en la idea en que la Ley no tiene lagunas. Se mostraba contraria a hacer una modificación de la misma. No obstante, el Consejo de Ministros no ha tenido más opción que aprobar una enmienda para aclarar la norma.

Ahora, este documento oficial con el membrete del ministerio de María Jesús Montero confirma que la autocrítica es el punto flaco de Igualdad. Ese ministerio aparece a la cola a la hora de examinar que las políticas aprobadas cumplen lo que se pretendía. Igualdad impulsa medidas como la reforma de la Ley del Aborto o nuevas leyes contra el racismo, contra la trata y, entre otras, a favor de las personas trans que se redactan al dictado de activistas. También es una prioridad difundir campañas institucionales sobre asuntos como la gordofobia o el machismo en las que se estigmatiza a las personas con sobre peso o a periodista famosos como Pablo Motos en las que posteriormente no se examina su efectividad.

En concreto, el informe de Hacienda, de 64 páginas, firmado por cuatro investigadores, señala que «por ministerios, el que tiene un mayor porcentaje de unidades de gestión que llevan a cabo tareas, actividades, prácticas, funciones o tienen competencias relacionadas con la evaluación es el de Transición Ecológica (11,7% sobre las unidades que han respondido al cuestionario), seguido de los ministerios de Industria, Comercio y Turismo y Asuntos Económicos, ambos con el 8,7% de unidades».

A continuación, «con más de un 5% de unidades con capacidad de evaluación, se encuentran los ministerios Política Territorial; Ciencia; Transportes; Derechos Sociales y Agenda 2030; y Agricultura, Pesca y Alimentación. Con un 1% aparecen ministerios más pequeños en estructura, como Educación y Formación Profesional e Igualdad».

Como conclusiones del estudio se determina que «en todos los ministerios –menos el Ministerio de Inclusión que no respondió– hay unidades con funciones relacionadas con la evaluación, al menos derivadas de los reales decretos de estructura». En todo caso, advierten de que el número de unidades «no es más que una forma de aproximarse a la cuestión» porque su existencia sobre el papel «no asegura que la práctica evaluadora esté consolidada». Lo más habitual son análisis ex post y de indicadores.

También lamentan que «no existe una estructura institucional ni organizativa específica para la práctica de la evaluación». Desvelan que la evaluación es casi residual, con excepciones como «las obligaciones de las autoridades europeas, en especial en el reparto de fondos o en determinadas normativas sectoriales». Piden diseños estructurales para situar la evaluación de forma sistemática en el ciclo de vida de las políticas públicas.

Un 25%